La renuncia de Iván Lima como Ministro de Justicia ocurre en un momento crítico para Bolivia, donde las tensiones sociales y políticas están al borde de la ebullición. Lima, quien ha sido uno de los ministros más influyentes y controvertidos del gobierno de Luis Arce, enfrentaba una tarea extremadamente delicada y potencialmente explosiva: la judicialización de líderes sociales, incluyendo al expresidente Evo Morales, en un contexto de creciente descontento popular por las diferentes crisis que encuentra Bolivia.
En las próximas semanas, «Lima habría sido el encargado de ejecutar órdenes judiciales contra una serie de dirigentes y movimientos sociales que han mostrado una capacidad impresionante de movilización», como quedó demostrado en la reciente «Marcha Para Salvar Bolivia». Esta marcha, lejos de ser una simple protesta, fue una manifestación de fuerza por parte de las clases indígenas, campesinas y originarias, que mostraron su poder de convocatoria y su rechazo a las políticas actuales del gobierno.
El papel de Lima en este escenario habría sido clave para la estrategia del gobierno de Arce: judicializar a los dirigentes de estas organizaciones, someterlos a procesos legales, e incluso proceder con la detención de Evo Morales bajo cargos que, hasta ahora, no han sido claramente definidos ni justificables. La tarea que Lima tenía por delante no era sencilla ni carente de riesgos; implicaba tomar decisiones que podrían haber desencadenado una mayor confrontación social y política en el país.
Ante esta situación, su renuncia sugiere que Lima no estaba dispuesto a arriesgar su carrera y su libertad personal para cumplir con las órdenes de un gobierno en decadencia, que enfrenta un creciente rechazo tanto interno como externo. De hecho, la posibilidad de tener que judicializar a Morales, un líder histórico con un amplio apoyo popular, habría sido una misión con consecuencias impredecibles, no solo para él, sino para la estabilidad de todo el país.
En conclusión, la renuncia de Iván Lima no es solo un acto de salida política; es una indicación clara de las fracturas internas dentro del gobierno y la dificultad de sostener un proyecto que, para muchos, ha perdido su rumbo. Las semanas que siguen serán decisivas, no solo para el gobierno de Arce, sino para el futuro de Bolivia como nación.
V.J.L.
